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CUMPLE EL 40% DE FUNCIONARIOS ESTATALES CON DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN HIDALGO

  • Foto del escritor: Mario Ivan Salazar Mendoza
    Mario Ivan Salazar Mendoza
  • 9 may
  • 2 Min. de lectura


A tan solo ocho días de haber iniciado mayo, el 40% de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo en Hidalgo ya presentaron su declaración patrimonial, informó la Secretaría de la Contraloría estatal. De los 79,649 servidores obligados, 30,100 han cumplido con esta obligación constitucional.


Desde abril, la Contraloría reforzó sus acciones preventivas mediante 42 capacitaciones dirigidas a más de 3,160 servidores públicos, además de ofrecer más de 2,100 asesorías por WhatsApp y 443 por vía telefónica. Estas medidas buscan evitar sanciones y fomentar la transparencia del servicio público.


En el sector salud, la situación presenta un reto adicional. El personal transferido el año pasado al programa IMSS Bienestar, compuesto por 5,123 personas, debe presentar su declaración de conclusión en el estado, así como las declaraciones de inicio y modificación a nivel federal. Por su parte, los trabajadores aún adscritos a la administración estatal deben cumplir en mayo con su declaración de modificación 2025 a través del sistema DeclaraNet Hidalgo. Hasta el momento, solo el 14% de este sector ha cumplido, es decir, 1,016 personas.


La vigilancia también se ha intensificado en los ayuntamientos. Cerca de 28 mil funcionarios de las nuevas administraciones municipales, incluidos regidores y síndicos, están obligados a presentar sus declaraciones. Sin embargo, en 41 municipios, los alcaldes no han presentado su declaración de inicio como lo exige la ley. En al menos dos casos, esto ha derivado en recursos legales que impidieron que los alcaldes electos tomaran posesión del cargo.


Como resultado del monitoreo continuo, la Contraloría ha emitido 223 resoluciones durante la presente administración, la mayoría relacionadas con omisiones en las declaraciones patrimoniales. Entre los sancionados destaca un ex secretario actualmente inhabilitado, quien promovió un amparo para anular la sanción, aunque su omisión persiste.


La Contraloría recordó que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses son una obligación para todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico, y constituyen un pilar fundamental de la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública.

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